La reciente doctrina fijada por la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 426/2026, de 24 de junio ( https://www.moncloa.com/2026/07/14/tribunal-supremo-okupas-suministros-coacciones-3399422/). La sentencia parte de un caso distinto —una crisis matrimonial, con la esposa residiendo en la vivienda familiar y el marido cancelando el contrato de luz para forzar su salida—, supuesto en el que sí confirma la condena por coacciones porque la vivienda era legítimamente poseída por la perjudicada y el corte operó como vía de hecho para compelerla a abandonar el domicilio. Sin embargo, precisamente al delimitar esa condena, el Tribunal introduce un criterio de enorme importancia práctica: no todos los cortes o bajas de suministros pueden trasladarse automáticamente al delito de coacciones.
La situación anterior era más incierta y, en buena medida, más expansiva desde el punto de vista penal. La propia STS 426/2026 recuerda que, como regla general, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se había inclinado históricamente por considerar el corte de suministros de un inmueble como una conducta constitutiva de coacciones, con apoyo en una concepción amplia de la violencia que incluía no solo la fuerza física, sino también la intimidación y la denominada vis in rebus. En la misma línea favorable a apreciar coacciones en cortes de suministros, la sentencia cita, entre otras, las SSAP Madrid, Secc. 26.ª, núm. 79/2025, de 29 de enero; Barcelona, Secc. 20.ª, núm. 106/2025, de 7 de febrero; Barcelona, Secc. 20.ª, núm. 345/2025, de 22 de abril; e Islas Baleares, Secc. 26.ª, núm. 50/2026, de 2 de febrero. De ahí que, durante años, la baja de luz, agua o suministros esenciales pudiera ser tratada penalmente como un mecanismo de presión ilícita, incluso en conflictos posesorios, arrendaticios, familiares o contractuales, siempre que se apreciara una finalidad de forzar la voluntad del ocupante o usuario.
El cambio de enfoque aparece cuando el Tribunal Supremo distingue entre quien posee con título legítimo, aparente o discutido, y quien ocupa sin derecho alguno. La Sala afirma expresamente que no es equiparable actuar frente a un sujeto que goza de un título de acceso o disfrute —aunque sea discutido— que frente a quien “sin ostentar derecho ni título alguno” pretende aprovecharse de un bien ajeno, poniendo como ejemplo el supuesto de quien ha usurpado el inmueble. En estos casos, el Tribunal considera que la conducta del titular dirigida a no mantener el alta o el pago de los suministros “aconseja la no punibilidad”, bien porque faltaría el elemento de actuar “sin estar autorizado”, bien porque no puede exigirse al titular que conserve a su costa servicios en beneficio de quienes han accedido ilegítimamente al inmueble, bien porque ello produciría un enriquecimiento injusto del ocupante.
Por tanto, el criterio que se pone de manifiesto es que el corte de suministros a ocupantes ilegales deja de poder calificarse, sin más, como delito de coacciones. La clave ya no está únicamente en que el corte pueda generar una presión material sobre quien está dentro del inmueble, sino en si existe un derecho posesorio digno de tutela penal frente a esa actuación. Si el ocupante carece de título y su presencia deriva de una ocupación ilegítima, el propietario o titular no estaría penalmente obligado a sostener los suministros ni a financiar el aprovechamiento de la vivienda por terceros. La sentencia no proclama una autorización general para cualquier vía de hecho ni elimina la necesidad de acudir a los cauces civiles o penales adecuados para recuperar la posesión; lo que hace es negar que el Derecho penal de las coacciones deba utilizarse para imponer al titular la conservación de servicios en beneficio de quien ocupa sin derecho.
La comparación con la situación anterior muestra, así, un desplazamiento desde una lectura muy amplia de la vis in rebus hacia una delimitación más fina del bien jurídico y del contexto posesorio. Antes, el corte de suministros tendía a analizarse principalmente desde su efecto coactivo: si servía para forzar la salida, podía integrar el tipo penal. Ahora, el Tribunal introduce una frontera relevante: cuando el destinatario es un ocupante ilegal, sin título ni derecho de posesión, el corte o la negativa a mantener suministros no debe reputarse automáticamente coactivo ni penalmente típico. Esta doctrina reduce el riesgo de criminalizar al propietario por no sostener servicios en favor de quien usurpa el inmueble y sitúa el debate en su verdadero plano: la diferencia entre una presión ilícita contra un poseedor legítimo y la negativa del titular a seguir proporcionando ventajas materiales a quien carece de todo derecho a permanecer en la finca.